La corrupción y el mal manejo de los fondos públicos no solo serán una posibilidad, sino que se consolidarán como prácticas habituales y profundamente arraigadas
La reciente aprobación del Decreto 16-2024 ha dejado al descubierto las graves deficiencias en la gestión fiscal de Guatemala, y el principal responsable de este desastre es el Ministerio de Finanzas. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi- publicó con precisión en un comunicado de prensa los errores técnicos y de fondo en esta ampliación presupuestaria, revelando cómo el Ministerio de Finanzas ha permitido que la opacidad y el riesgo de corrupción se apoderen del proceso presupuestario.
El aumento de Q. 1,875.0 millones en el aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) es un claro ejemplo de la falta de rigor técnico. Este incremento no solo carece de una justificación técnica sólida, sino que también se produce en un contexto donde la ejecución de las transferencias a los Codede ha sido lamentablemente baja, alcanzando apenas el 16.1% de la asignación original. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Finanzas permita semejante descontrol en la asignación de recursos? La respuesta parece estar en la incapacidad —o en la falta de voluntad— de este ministerio para imponer el orden y la transparencia en la administración de los fondos públicos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales también evidenció las inconsistencias en la asignación de entre Q. 820.0 y Q. 1,000.0 millones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga). El Ministerio de Finanzas ha dado luz verde a disposiciones que eximen al Maga de cumplir con los procedimientos más transparentes y competitivos de adquisición pública. Esta exoneración es un retroceso monumental en los esfuerzos por combatir la corrupción, y es inaceptable que el Ministerio de Finanzas lo haya permitido. La historia de Guatemala está llena de escándalos de corrupción que han surgido precisamente por la falta de controles en la adquisición de bienes y servicios. Al eliminar estas seguridades, el Ministerio de Finanzas se convierte en cómplice.
Si el Ministerio de Finanzas no toma medidas correctivas inmediatas y contundentes para revertir estas decisiones irresponsables y carentes de justificación técnica, el país se encamina hacia un futuro profundamente incierto, marcado por un deterioro en la transparencia y en la gestión eficiente de los recursos públicos.
La creación de un Fondo de Crédito Campesino de Q. 500.0 millones sin un reglamento claro es otro ejemplo de la irresponsabilidad del Ministerio de Finanzas. Este fondo, que debería estar destinado a apoyar a los campesinos, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo más para el desvío de recursos si no se establecen de inmediato los criterios y controles adecuados. El hecho de que el Ministerio de Finanzas no haya exigido un marco normativo previo a la aprobación de este fondo es una muestra más de su negligencia.
Finalmente, aunque el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reconoce que la corrección en la proyección de ingresos tributarios es un paso en la dirección correcta, señala que esta corrección es insuficiente. La subestimación persiste, y el error podría propagarse al presupuesto de 2025, creando un ciclo vicioso de mala planificación fiscal. Aquí, el Ministerio de Finanzas ha fallado rotundamente en su papel de guardián de la estabilidad fiscal del país, permitiendo que un error técnico afecte la base sobre la cual se evaluará el desempeño de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y, eventualmente, la sostenibilidad fiscal de Guatemala.
Si el Ministerio de Finanzas no toma medidas correctivas inmediatas y contundentes para revertir estas decisiones irresponsables y carentes de justificación técnica, el país se encamina hacia un futuro profundamente incierto, marcado por un deterioro en la transparencia y en la gestión eficiente de los recursos públicos. En este escenario, la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos no solo serán una posibilidad, sino que se consolidarán como prácticas habituales y profundamente arraigadas, con consecuencias devastadoras para la confianza ciudadana, la estabilidad económica y el desarrollo de nuestro país.
