El subsidio a los combustibles en Guatemala, por un monto total de 2,000 millones de quetzales (equivalente a unos 22.2 millones diarios), fue aprobado con retraso por el Congreso, en medio del impacto internacional en los precios del petróleo. Analistas coinciden en que la medida no fue la más eficiente, ya que consideran que una reducción temporal de impuestos habría tenido un efecto más directo y transparente en el precio final.
El reglamento fue presentado por el gobierno dos meses después de iniciada la crisis y, según el sector, fue elaborado “a la carrera”, lo que ha generado múltiples dudas. Los distribuidores señalan que no existe claridad sobre la fórmula de aplicación del subsidio ni sobre el proceso de manejo de inventarios. En particular, preocupa cómo se registrarán los combustibles adquiridos antes de la vigencia del beneficio y los nuevos ingresos, así como los precios que deberán aplicarse.
Aunque el reglamento contempla disposiciones sobre inventarios previos, persisten vacíos operativos que podrían traducirse en pérdidas económicas y dificultades administrativas para las estaciones de servicio en todo el país.
