Pocas constructoras se adueñan del dinero municipal. En solo 25 meses, 300 empresas se llevaron el 75% de las adjudicaciones en 340 municipalidades: Q17,777 millones de Q23,429 millones. Las 100 principales concentran el 42% del pastel.
El negocio es tentador: los contratos municipales exigen menos precalificación que obras estatales masivas, y el RGAE ajusta el techo financiero a la medida. Guatecompras revela que 2,192 empresas compitieron en casi 24,000 procesos, pero ocho de las diez más favorecidas —todas empresas individuales con entre Q200 y Q500 millones en adjudicaciones— empezaron a facturar con el Estado apenas en 2020.
El modus operandi es claro: no ganan megaproyectos, sino decenas de contratos pequeños que, sumados, multiplican ganancias. El rubro estrella: “mejoramiento de caminos rurales”. Estas obras se ejecutan en zonas de difícil acceso, kilómetros de terracería donde ningún auditor llega sin horas de camino, donde el asfalto —si es que se coloca— se desvanece bajo la lluvia y nadie verifica si existió. La distancia territorial se convierte en muro de impunidad. Mientras las ocho regiones del país reparten el presupuesto, unas pocas firmas, muchas de reciente creación, construyen un imperio invisible a base de asfalto que solo existirá en papel.
