El parque vehicular en Guatemala se ha duplicado en una década, pasando de 2.97 millones de unidades en 2015 a 6.18 millones en 2025, lo que ha provocado un grave impacto ambiental y económico.
Los vehículos generan anualmente alrededor de 13.6 millones de toneladas de gases contaminantes, entre ellos monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas de carbón negro. Este nivel de contaminación representa un costo estimado de US$3,100 millones al año, equivalente al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El estudio que analiza este fenómeno tomó en cuenta el tipo, la antigüedad y el combustible de los vehículos, determinando sus emisiones y el costo económico asociado. En 2023, una tonelada de CO₂ generaba un daño valorado en US$99, mientras que el carbono negro alcanzaba un costo de US$277,793 por tonelada, lo que evidencia la necesidad de regular el uso del diésel, especialmente en buses y camiones, principales emisores de material particulado.
Se estima que cada guatemalteco pierde en promedio US$175 al año por los efectos de la contaminación, principalmente debido a enfermedades respiratorias y gastos médicos derivados. Actualmente no existen regulaciones efectivas que controlen las emisiones, lo que permite el ingreso de vehículos viejos y altamente contaminantes, muchos de ellos fabricados en la década de 1990.
El estudio propone implementar normas de emisión de manera gradual, comenzando con el transporte pesado y los vehículos más antiguos. Si se aplicaran estas medidas, el país podría reducir los costos de contaminación hasta en US$1,000 millones anuales.
