El Gobierno de Guatemala anunció este miércoles 5 de noviembre el veto al Decreto 9-2025, que reformaba la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86), por considerarlo un grave retroceso ambiental para el país. La decisión fue tomada en Consejo de Ministros y comunicada oficialmente a la ciudadanía.
Según el comunicado, la normativa aprobada por el Congreso de la República el 30 de septiembre limitaba la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) únicamente a las actividades comerciales, dejando fuera a sectores clave de la economía y al sector público. Esto, advirtió el Ejecutivo, habría debilitado los mecanismos de control y puesto en riesgo el equilibrio ecológico.
El análisis jurídico del Ejecutivo concluyó que el decreto contradice la Constitución, al vulnerar los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley, irretroactividad y preeminencia de tratados internacionales ratificados por Guatemala.
El Gobierno afirmó que continuará fortaleciendo el sistema de licencias ambientales como herramienta esencial para proteger la naturaleza y promover legislación que refuerce la gestión ambiental, evitando retrocesos o vacíos legales que puedan favorecer la impunidad ecológica.
