El Tribunal Supremo Electoral contará con una ampliación presupuestaria de Q500 millones para preparar las elecciones generales de 2027, pero organizaciones civiles y analistas exigen controles estrictos para evitar problemas de transparencia.
La preocupación se basa en antecedentes del proceso electoral de 2023, cuando se detectaron Q254 millones en compras que no fueron registradas en Guatecompras, además de Q12.88 millones destinados a gastos de funcionamiento.
Aunque el decreto 16-2026 permite realizar compras por excepción para agilizar adquisiciones, expertos recuerdan que estos gastos deben ser públicos y fiscalizables.
Como medida de control, el Congreso obligó al TSE a presentar informes mensuales sobre la ejecución de los fondos. También se cuestiona la falta de actualización de la página web institucional, lo que limita el acceso a información.
