El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó reformas legales que permitirían congelar cuentas bancarias y activos en cuestión de horas sin autorización judicial previa.
La iniciativa también amplía la definición de terrorismo al incluir acciones que busquen “alterar gravemente el orden público”, lo que expertos consideran susceptible de interpretaciones amplias.
Según juristas opositores, los cambios fortalecen el control estatal sobre recursos financieros, empresas y organizaciones civiles.
Además, obligarían a ONG a permitir acceso gubernamental a sus sistemas informáticos. Las reformas serían aprobadas con facilidad por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo.
