El próximo 27 de noviembre el Juzgado de Mayor Riesgo C conocerá la audiencia de primera
declaración de Luis Enrique Mendoza Grecia.
El exministro de la Defensa y también militar retirado Luis Enrique Mendoza García es
señalado de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Dicha audiencia se llevará a cabo por medio de videoconferencia, a raíz que Mendoza
Garcia, suegro del diputado Estuardo Galdámez, fue sometido a una operación
recientemente en las articulaciones.
Calletano se conducía en el vehículo P-417CFM, en cuyo interior transportaba un juego de uniforme gris perla y oficios falsificados, indicando ser subcomisario de la PNC. Además se constató en la base de datos que le aparecen dos órdenes de captura por los delitos de violencia contra la mujer y extorsión girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Chiquimula.
Agentes de la PNC de la Comisaría 16 en un recorrido de seguridad, le marcaron el alto a un vehículo en la 6 avenida A, y 3 calle, colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco, el cual no obedeció la señal y se dio a la fuga, por lo que uniciaron una persecución que finalizó en la Calzada Roosevelt, logrando la detención de Víctor José Calletano Cac de 32 años.
Calletano se conducía en el vehículo P-417CFM, en cuyo interior transportaba un juego de uniforme gris perla y oficios falsificados, indicando ser subcomisario de la PNC. Además se constató en la base de datos que le aparecen dos órdenes de captura por los delitos de violencia contra la mujer y extorsión girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Chiquimula.
Ante las reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos que fueron aprobadas por el Congreso de la República el 12 de noviembre recién pasado han surgido dos vertientes: Una que indica que lo que se pretende es humanizar las penas, y la otra es que dicha reducción de penas favorecería a los delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco.
En redes sociales
comenzaron a circular comentarios como que “todos los mareros serán liberados”.
Uno de quienes hicieron tales señalamientos es Juan Francisco Solórzano Foppa,
quien aseguró que los mareros presos tendrán reducción de condenas…
Sin embargo, en la
normativa se especifica que no serán beneficiadas personas que cumplan condenas
por extorsión, genocidio y otros delitos similares.
El artículo cuatro
señala que, por los delitos de genocidio, desaparición
forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de la
humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual y otros
no se podrá realizar rebajas de penas. Además,
de existir una pena no podrá ser conmutada y por reincidencia no se tendrá
derecho a reducciones por la aceptación de cargos.
El beneficio de la
reducción de penas no es nada nuevo. La CICIG y la FECI la utilizaron
indiscriminadamente para obtener el testimonio, mayormente falso, de varios
supuestos testigos en contra de personas o entidades que estuvieron en la mira
de La Comisión y la Fiscalía. Es más, en 2016,
fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIC), la que
promovió esa reforma. El ex comisionado Iván Velásquez, acudió al Congreso de
la República a explicar la necesidad de una ley de aceptación de cargos.
También, esta normativa fue presentada al Congreso por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2017, para agilizar la resolución de procesos penales, cuando los sindicados muestren la voluntad de aceptar los cargos total o parcialmente “a cambio de beneficios penales, proporcionales y razonables que no generen impunidad”, señalaba un comunicado. Anterior a ello, se formó una comisión específica para su análisis y estudio. Todos los sectores, incluyendo el Sector Justicia, acudieron a las audiencias de esta instancia donde se plantearon las reformas.
Pero ahora, posiblemente por el temor de
que muchos detenidos injustamente por los casos de la CICIG-FECI podrían ser
liberados, toda la porra pro CICIG-FECI-Aldana sale a protestar, rasgándose las
vestiduras, tal el caso del partido Semilla, fundado por Juan Alberto Fuentes
Knight, y Thelma Aldana que intentó ser candidata a la presidencia y ahora es
prófuga, podría ser beneficiada por la normativa, expresó su desacuerdo en
redes sociales.
Lo que ignoran, o no quieren comprender es
que, aunque es obvio: Hay mareros condenados a 50 años, no es posible que se
les reduzca la pena. Igualmente sucede con los casos de Otto Pérez Molina y
Roxana Baldetti. Personas ya condenadas, o con más de una condena, o los
reincidentes, no serán beneficiados. Lo positivo es que, a partir de la
vigencia, las audiencias serán más rápidas y se beneficiará a los que cumplan
ciertos parámetros”.
También la
diputada Sandra Morán Reyes, quien a los 19 años se incorporó al Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP), la facción guerrillera en la que, según
afirma, militó en la semiclandestinidad, y era conocida con el seudónimo
“Raquel”, externó su inconformidad: “Cuando la
presentó la CICIG, era una ley que contribuía a agilizar el sistema de
justicia. La propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia genera
impunidad”, indicó. (No sé si la legisladora recordará que la CICIG presentó
dicha propuesta sin poner límite a quiénes podrían salir beneficiados con dicha
Ley, lo que habría permitido que cualquier tipo de delincuentes salieran libres).
De quienes están a
favor de la aprobación de dichas reformas está el abogado Raúl Falla, quien indicó que las reformas “constituyen una herramienta
necesaria para reducir la mora judicial y el hacinamiento carcelario”.
Falla agregó que: “En Guatemala ya se
aplicó una vez el mea culpa, por un delito que además no fue bien planteado
(financiamiento electoral ilícito). Jueces, fiscales y litigantes accederán a
modelos de administración de justicia que hace mucho fueron adoptados por
legislaciones europeas. Los castigos en forma de reparación social son parte de
legislaciones de primer nivel”.
Igual aceptación
mostraron los abogados de la familia Bitkov, quienes indicaron: “Un buen signo
de que Guatemala va saliendo de la era inquisitiva penal, que utilizaba a los
procesos penales como el arma predilecta de CICIG para manipular y tomar el
control de cualquier institución estatal”.
Estamos a 11 días de que venza el plazo para que el Congreso de la República apruebe el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2020, el cual fue presentado por el Organismo Ejecutivo por un monto de Q.91 mil 900 millones y la comisión de Finanzas del Congreso lo redujo a Q89 mil 773 millones y meta de recaudación en Q.66 mil 550 millones en la Iniciativa de Ley 5610.
El Organismo Ejecutivo de nuevo
utilizó el ejercicio de presupuesto abierto en tres mesas de trabajo, las
cuales corresponden a las áreas priorizadas: Desarrollo Humano; Economía y
Prosperidad; y, Seguridad y Justicia. Participaron varios sectores del país,
Ministerios e Instituciones Nacionales e Internacionales.
La propuesta de presupuesto, erróneamente
sigue con una dinámica expansiva sobre el gasto de funcionamiento,
mantenimiento, intereses, pago de deuda y un retroceso en la inversión. Urge que el Organismo Ejecutivo trabaje de forma
vinculante entre el Plan Operativo Anual POA de Gestión por Resultados y el
Presupuesto, para que se visualice de forma efectiva el impacto del presupuesto
en el desarrollo nacional. Todas las Políticas Públicas vigentes deben tener
presupuesto asignado con Indicadores de Desempeño para avanzar y que los fondos
públicos no sigan siendo una piñata.
Uno de los primeros retos del nuevo Gobierno que asumirá en Enero 2020, es ejecutar un Presupuesto con Calidad del Gasto, bajar los gastos de funcionamiento e incrementar el rubro de Inversión, con Enfoque a Gestión por Resultados y Tablero de Comando para medir el impacto real en los Indicadores de Desempeño. También tiene como gran reto implementar todos los controles para la transparencia a todo nivel y la Contraloría General de Cuentas CGC llevar a cabo la fiscalización permanente, para entrarle de frente a la corrupción.
Los sistemas y controles en la
ejecución presupuestaria, deben ser sin excepción para todas las instituciones
del Estado en los 3 Poderes, Gobernaciones, Municipalidades, Consejos de
Desarrollo, y Semi Autónomas, Centralizadas y
Descentralizadas, en resumen, todo centavo del Estado debe ser fiscalizado y
garantizando una buena inversión.
Debe garantizarse de que todas las
instituciones que reciben recursos públicos utilicen el Sistema de Contabilidad
Integrado del Estado SICOIN, por ejemplo, la Universidad de San Carlos USAC
hasta el año pasado indicó que lo implementaría. Este mismo año, el Congreso
debe implementar la Ley de Fiscalización de ONGs, ya que nuevamente han
incluido cientos de millones de quetzales para ONGs que nadie fiscaliza y
varias de ellas son utilizadas para pagos de favores políticos o financian
algunas actividades al margen de la ley.
Otro gran reto para balancear el
presupuesto nacional, recae en el nuevo Gobierno para incrementar la
recaudación tributaria, ampliando la base de los que pagamos impuestos, combate
frontal al contrabando, a la falsificación y a la evasión fiscal.
El Congreso de la Republica debe mostrar su voluntad política real, aprobando la iniciativa de ley 5610, complementándola con todos los elementos acá indicados, un nuevo enfoque correcto. Nuestra nación tiene grandes retos y ha llegado el momento de enfrentarlos con acciones puntuales y recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos que garanticen el desarrollo de Guatemala. Bendiciones para Ustedes y sus Familias
La fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un memorial donde solicita que Enrique Degenhart sea removido de su puesto de ministro de gobernación por haber incumplido una orden de la Corte de Constitucionalidad.
Enrique Degenhart, junto a su viceministro de seguridad, Enrique Árevalo, enfrentarán una solicitud de remoción que ha girado el MP en su contra este 19 de noviembre, ya que ambos incumplieron la resolución emitida por la CC el pasado 25 de octubre, que indicaba que el Ministerio de Gobernación debía trasladar fondos a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo de la Justicia que es presidida por la fiscal general, Consuelo Porras. Misma comisión que Jimmy Morales decidió disolver el 20 de junio del 2019.
Perales realizará 60 presentaciones durante 2020. De febrero a marzo cantará en República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y Colombia.
En octubre hasta finales de noviembre realizará una segunda visita latinoamericana, que incluirá a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador
Bomberos Municipales acudieron y aún trataron de reanimar los signos vitales de la mujer, pero lamentablemente ya había fallecido.
De acuerdo a lo que dijeron algunas personas que vieron el suceso, los responsables fueron dos sujetos quienes la corrieron por varias cuadras, hasta que finalmente le dieron alcance y la mataron.
La mujer de aproximadamente 25 años viste un pantalón negro, blusa blanca, zapatos corintos y calcetas negras hasta el momento no ha sido identificada y vecinos dijeron que no era del sector.
