Guatemala necesita ampliar su red de transmisión eléctrica, pues la demanda crece entre 6% y 7% anual, mientras la infraestructura apenas aumenta 1.5%. Sin embargo, la iniciativa de ley 6665, que busca agilizar la construcción de líneas y subestaciones, genera preocupación por sus posibles efectos sobre la propiedad privada y comunal.
Analistas advierten que permitiría imponer servidumbres para instalar infraestructura sin consentimiento directo de los propietarios, retirar cultivos o construcciones y afectar tierras comunales indígenas.
También cuestionan posibles debilitamientos de las normas ambientales y de protección del patrimonio cultural, así como limitaciones a las facultades de las autoridades ambientales.
Aunque la propuesta pretende reducir la burocracia, acelerar inversiones, y acelerar la rápida expansión de infraestructura a lugares que son necesarios.
