Una serie de ciberataques registrados en 2026 evidenció las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica del Estado guatemalteco. Entre las entidades afectadas figuran la Digecam, el Ministerio de Trabajo, el Laboratorio Nacional de Salud y sistemas vinculados a la Usac. En el caso de Digecam, el Ejército informó que los datos sustraídos no superaron los 5 gigabytes y descartó una filtración masiva.
Expertos coinciden en que el problema va más allá de la tecnología y refleja deficiencias estructurales, falta de controles robustos, escasa capacitación del personal y equipos obsoletos. También advierten sobre la carencia de una estrategia nacional integral y de personal especializado para responder a amenazas cada vez más sofisticadas.
Tras los incidentes, el Gobierno anunció un Sistema Nacional de Ciberseguridad y prevé reforzar la inversión en esta área en el presupuesto de 2027, mientras especialistas recomiendan destinar entre 8% y 12% del gasto tecnológico a la protección digital.
