A menos de un año del inicio del proceso electoral 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala enfrenta fuertes cuestionamientos por la posible instrumentalización política de su estructura. El magistrado Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, quien asumió el cargo para el período 2026-2032, es señalado como el “Caballo de Troya” dentro del organismo por impulsar el desarrollo interno de un nuevo software para la transmisión preliminar de resultados electorales.
Este sistema, elaborado por la Dirección General de Informática del TSE, pretende sustituir al controvertido TREP. La principal crítica radica en que se trata de un software desarrollado sin rendir cuentas a nadie: no existe en la Ley Electoral y de Partidos Políticos un marco normativo claro que obligue a auditorías independientes, supervisión externa, verificación de código fuente ni trazabilidad tecnológica completa. Expertos advierten que esta ausencia de controles puede abrir la puerta a manipulaciones o, al menos, a una profunda desconfianza ciudadana en el conteo y transmisión de votos.
El enfoque interno del proyecto coincide con una serie de contrataciones polémicas que refuerzan la percepción de parcialidad. Entre los perfiles más cuestionados destaca Angelita Carolina Martínez Rodas, jefa de Archivo del TSE, quien permanece en la planilla con un salario de Q13,250 mensuales pese a haber sido condenada en el caso Corrupción Semilla por abuso de autoridad en forma continuada. Fue la primera funcionaria en ejercicio del TSE sentenciada en ese expediente, recibiendo dos años de prisión e inhabilitación especial.
Otras contrataciones millonarias alimentan las sospechas: Karla Herrera Santos (exsecretaria de Comunicación de la Presidencia y cercana a círculos del gobierno anterior) fue contratada por Q204,700 hasta diciembre de 2026 para estrategias de comunicación y manejo de crisis. En el área tecnológica, Rudy Leonel Gallardo Rosales (exdirector del RENAP) recibió un contrato de Q237,096.77 para asesorar la modernización electoral.
Analistas señalan que estas decisiones, sumadas a la cercanía percibida de Jiménez Villalta con el Ejecutivo actual, comprometen la imparcialidad del árbitro electoral. La combinación de un software de conteo de votos sin auditoría externa obligatoria y asesores con historiales controvertidos genera una legítima alarma sobre la transparencia y credibilidad del proceso electoral de 2027.
