El cobro ilegal de parqueo en la vía pública se ha convertido en un problema persistente y organizado en al menos cinco zonas de la capital, así como en los alrededores de los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt, advirtieron autoridades y diputados. Lo que antes se consideraba una práctica informal hoy opera como un negocio estructurado, con control territorial, cobros diarios y posibles vínculos con el crimen organizado.
Autoridades de tránsito y legisladores señalaron que vecinos, trabajadores y visitantes son obligados a pagar entre Q10 y Q30 diarios por estacionarse en calles públicas, bajo amenazas y actos de intimidación. Según Emetra y la PMT, ya no se trata de personas aisladas, sino de grupos organizados que utilizan objetos para reservar espacios y cuentan con rutas definidas y logística para retomar las calles tras los operativos.
Las autoridades reconocen que su capacidad es limitada debido a un vacío legal que impide identificar y sancionar a los responsables.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público alertaron sobre el aumento de violencia, amenazas, daños a vehículos y posibles conexiones con el robo de automóviles y motocicletas.
Mientras no se avance en un marco jurídico más sólido, las autoridades reconocen que el negocio ilegal continúa operando y representa un riesgo creciente para la seguridad ciudadana.
