El Gobierno de Guatemala amplió por 15 días el estado de prevención en el departamento de Guatemala, Escuintla y otras dos regiones del país. Esta medida restringe el derecho de reunión, manifestación y cualquier tipo de expresión en espacios públicos, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones ha generado controversia.
En paralelo, se han registrado múltiples movilizaciones y bloqueos, principalmente organizados por CODECA, que han afectado puntos clave como la Aguilar Batres, el Periférico zona 7 y accesos al Centro Histórico. Estas acciones han provocado fuertes congestionamientos vehiculares, retrasos en el transporte público e incluso bloqueando el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.
Las protestas incluyen diversas demandas sociales y políticas, como el rechazo a la reelección en la USAC, cuestionamientos a salarios de funcionarios públicos, oposición a la presencia extranjera en puertos y reclamos sobre servicios básicos como electricidad y agua potable.
La PNC realizo un comunicado sobre las limitaciones del Estado de Prevención
Las movilizaciones han generado un amplio debate público, especialmente porque el estado de prevención prohíbe este tipo de manifestaciones. Sectores críticos señalan que existe una aplicación desigual de la normativa, argumentando que algunas protestas no reciben la misma respuesta en cuanto a control o sanciones, lo que ha alimentado percepciones de favoritismo en la aplicación de la ley y tensiones sociales en el país.
