El sector transporte enfrenta tensión por la aplicación obligatoria del Sistema Limitador de Velocidad impulsado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Desde el 2 de marzo se impondrán multas de Q20 mil a Q40 mil a quienes no cumplan.
Dirigentes advierten una posible paralización de labores, argumentando que trabajar sin el dispositivo implica pérdidas económicas. Sin embargo, otros gremios piden diálogo y rechazan medidas de hecho.
Según Provial, solo el 4.67% del transporte ha instalado el sistema, lo que refleja bajo cumplimiento de la normativa vigente.
