La Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general de Guatemala adelantó al 17 de abril la entrega de la nómina de seis candidatos, modificando su cronograma inicial. Este cambio responde al ritmo de trabajo y a los debates internos, según analistas. La comisión es presidida por Claudia Paredes, titular de la Corte Suprema de Justicia, cuya actuación será observada de cerca por la ciudadanía.
El proceso es clave porque de esa lista el presidente Bernardo Arévalo deberá designar al nuevo jefe del Ministerio Público. Sin embargo, expertos advierten que la validez de la nómina podría depender de la recién integrada Corte de Constitucionalidad (CC), que podría conocer impugnaciones y definir criterios determinantes.
Analistas señalan que aún existe incertidumbre sobre la postura de los nuevos magistrados, lo que podría influir en el equilibrio de decisiones e incluso provocar la judicialización del proceso. Antecedentes como la reelección de María Consuelo Porras evidencian el peso que puede tener la CC en estas decisiones.
Además, conflictos recientes en procesos del Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos aumentan la incertidumbre. En este contexto, se advierte que la elección podría enfrentar obstáculos legales que afecten la designación y toma de posesión del nuevo fiscal general.
