La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala dio dictamen favorable a la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, impulsada por el gobierno de Bernardo Arévalo. Con ello, el proyecto avanza hacia su discusión y posible aprobación en el pleno, en un contexto de evaluación internacional por parte de Gafilat.
La propuesta busca modernizar un marco legal desactualizado, unificando normas vigentes desde 2001 y 2005, y alineándolas con estándares internacionales. Entre los cambios más relevantes destaca la modificación del régimen de multas, que ahora se calcularán según el beneficio obtenido y no sobre el monto total lavado, evitando sanciones desproporcionadas. Además, se limita el tiempo adicional de prisión por impago de multas a un máximo de una cuarta parte de la condena original, lo que podría reducir el hacinamiento carcelario.
La iniciativa también redefine el delito de terrorismo para evitar interpretaciones ambiguas y clarifica el concepto de lavado de dinero, exigiendo intencionalidad en la ocultación de fondos ilícitos. Asimismo, establece reglas más precisas para profesionales obligados a reportar operaciones sospechosas.
El objetivo central es fortalecer la supervisión financiera, mejorar la cooperación internacional y evitar que Guatemala sea incluida en listas grises, lo que impactaría su reputación, inversión y acceso al sistema financiero global.
