Durante 2025 se adjudicaron más de Q4 mil 132 millones para el mejoramiento de caminos rurales en Guatemala, principalmente a través de municipalidades; sin embargo, la mayoría de los proyectos no se concluyó y su impacto social es cuestionado.
Datos oficiales muestran que, aunque se comprometieron miles de millones, la ejecución financiera no alcanzó el 50% y apenas el 6% de las obras se finalizó, por lo que la población no recibió los beneficios prometidos.
Analistas señalan una clara falta de voluntad política del gobierno central y de los actores involucrados para planificar, supervisar y concluir los trabajos. También critican la débil fiscalización del Congreso y el uso discrecional de fondos de los consejos de desarrollo.
En este contexto, se especula que el Ejecutivo estaría postergando la finalización o impulso real de estas obras, a la espera de 2027, año electoral, para utilizarlas con fines políticos. Mientras tanto, comunidades rurales continúan con caminos en mal estado y promesas incumplidas.
