El juicio contra María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, acusados del asesinato de la estudiante Melisa Palacios, fue programado para diciembre de 2027, casi dos años después de la última resolución judicial. La fecha se fijó tras un prolongado proceso marcado por recusaciones, reclasificación del delito y el traslado del caso desde Chiquimula a un juzgado de Mayor Riesgo en la capital.
El Ministerio Público presentó 209 medios de prueba, entre ellos peritajes forenses, toxicológicos y químicos, así como testimonios de familiares, amigos, agentes policiales y fiscales. La causa de muerte fue determinada como un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea. También se incorporaron análisis de teléfonos, mensajes, videos, GPS y evidencia material. La defensa impugnó varias pruebas, pero el juzgado las admitió en su totalidad.
