En sus primeros 22 meses de gestión, el gobierno de Bernardo Arévalo ha enfrentado una marcada inestabilidad institucional, reflejada en más de 60 relevos en puestos clave.
La reciente salida del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con sus dos viceministros y el director del Sistema Penitenciario, resalta una crisis interna agravada por señalamientos de corrupción y deficiencias en seguridad, como la fuga de 20 reos.
Analistas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señalan que el gobierno carece de un equipo cohesionado, planificación estratégica y metas claras. La falta de cuadros técnicos y políticos capacitados ha dificultado la consolidación de una administración funcional, lo que también se evidencia en otras renuncias en ministerios, gobernaciones y secretarías.
El estilo de gestión ha sido criticado por no fomentar el diálogo interno ni escuchar retroalimentación, lo que ha generado decisiones erráticas y desarticuladas. Además, la debilidad en las negociaciones con el Congreso limita su capacidad de acción, acentuando la percepción de un gobierno sin rumbo.
Mientras tanto, el Ejecutivo parece más enfocado en transferir fondos a alcaldías, con miras al año preelectoral 2026, utilizando programas disfrazados de ayuda agrícola para ganar apoyo popular con fines clientelares.
