La crisis en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, evidencia años de riesgo por las crecidas del río Pinula. Desde 2013 se reportan viviendas destruidas y en 2023 se contabilizaron 182 derrumbes. La Corte de Constitucionalidad ordenó medidas urgentes, incluida la revisión del ordenamiento territorial, evacuaciones y albergues. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué las autoridades no actuaron oportunamente? La Municipalidad, CONRED y el Gobierno central deben explicar qué obras de protección, drenajes y mitigación ejecutaron. La baja ejecución presupuestaria del CIV también merece escrutinio, aunque no demuestra por sí sola una relación directa con los colapsos. Mientras se exige seguridad física y vial, queda otra interrogante: ¿quién fiscaliza el uso de los recursos públicos y combate la corrupción dentro del propio Gobierno?
