El Tribunal Supremo Electoral (TSE) investiga 286 posibles casos de campaña anticipada de cara a las elecciones de 2027, pero enfrenta severas limitaciones de capacidad y presupuesto. La Inspección General dispone de apenas 40 personas para fiscalizar todo el territorio nacional, una cifra que resulta insuficiente frente al volumen de denuncias.
Cerca del 50 % de los expedientes involucra a funcionarios públicos. De los 286 casos, 60 ya han concluido y solo 10 fueron trasladados al Registro de Ciudadanos para determinar posibles sanciones.
Entre las actividades bajo investigación se encuentran entregas de víveres, ayudas sociales, regalos y eventos que podrían tener fines electorales. Los señalados cuentan con cinco días para presentar sus pruebas de descargo una vez notificados personalmente.
La presidente del TSE ha insistido en que las elecciones de 2027 deben ser transparentes. Sin embargo, el tribunal cuenta con magistrados que mantienen afinidad con el gobierno actual, lo que genera interrogantes adicionales sobre la independencia y el alcance real de la supervisión electoral frente a las actividades anticipadas de los actores políticos.
