La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, inició el proceso para una reforma constitucional que transformaría el sistema político del país y consolidaría aún más el poder de Daniel Ortega. Según reportes citados por medios nicaragüenses, la propuesta contempla sustituir la actual Asamblea por un organismo integrado por unos 1,500 representantes locales, quienes tendrían la facultad de elegir al presidente por períodos de 10 años.
De concretarse la reforma, Ortega podría obtener un nuevo mandato y mantenerse en el poder hasta los 91 años, acumulando más de tres décadas al frente del gobierno nicaragüense. La iniciativa también fortalecería el modelo de control político instaurado tras las reformas constitucionales de 2025, que ampliaron las facultades del Ejecutivo.
La propuesta ha generado críticas internacionales. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, advirtió que la comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante medidas que reduzcan aún más los espacios democráticos. Analistas consideran que los cambios limitarían la participación electoral y concentrarían aún más el poder en el régimen de Ortega y Rosario Murillo.
