El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, que crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar las operaciones portuarias.
La normativa busca modernizar una infraestructura estratégica por donde circula cerca del 90% del comercio exterior, reducir la saturación, las demoras y los costos logísticos, además de atraer inversión y mejorar la competitividad.
Sin embargo, la nueva estructura plantea dudas sobre independencia, controles y posibles conflictos de interés. El Directorio de la APN estará integrado en buena parte por designados del Ejecutivo y de los ministerios de Economía, Comunicaciones y Gobernación, lo que podría facilitar el nombramiento de personas afines y favorecer intereses particulares.
También genera cuestionamientos la participación de la SAT, que tendrá asiento en el Directorio mientras fiscaliza, cobra impuestos, audita cargas y aplica sanciones en los puertos. Esta doble función podría convertirla en juez y parte.
El reto será modernizar los puertos sin sacrificar transparencia, independencia ni controles efectivos.
