Cuando el narcotráfico compra voluntades políticas, deja de combatir al Estado desde afuera y comienza a capturarlo desde adentro.
Hay casos que ocurren lejos, pero deberían obligarnos a mirar hacia adentro y el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es uno de ellos.
El 29 de abril de 2026, fiscales federales de Estados Unidos acusaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Según la acusación estadounidense, la red criminal habría comprado protección política y policial, a cambio de pagos, información y condiciones para operar. Rocha Moya rechazó las acusaciones y el proceso todavía debe determinar responsabilidades.
Pero más allá de la culpabilidad o inocencia de una persona, el caso plantea una pregunta ¿Qué sucede cuando el narcotráfico deja de intentar corromper al Estado desde afuera y empieza a formar parte de él? Eso es la narcopolítica.
El caso Rocha Moya es grave porque las acusaciones de estados unidos no hablan únicamente de dinero. Hablan de una posible relación entre crimen organizado, poder político y seguridad pública y cuando esa frontera se borra, el Estado deja de combatir al crimen organizado y comienza, en cierta medida, a convivir con él.
Estados Unidos decidió golpear precisamente esa conexión, la estrategia ya no se limita a perseguir cargamentos de droga o grandes capos. Washington está poniendo el foco también en funcionarios y redes políticas que, presuntamente, permiten que las organizaciones criminales funcionen. En julio, la DEA reiteró que la persecución continuará contra narcotraficantes y funcionarios corruptos.
México puede discutir los límites de la intervención estadounidense, la soberanía y el debido proceso. Pero hay una pregunta que ningún gobierno debería utilizar como escudo político “Si existen pruebas de corrupción vinculada al crimen organizado, ¿Quién debe investigarla? La respuesta debería ser obvia: las instituciones nacionales, con independencia, transparencia y capacidad de llegar hasta donde lleven las evidencias.
Aquí aparece Guatemala, nuestro país no puede observar el caso Rocha Moya como si fuera un problema exclusivamente mexicano. Guatemala forma parte de una región utilizada por organizaciones criminales transnacionales para mover drogas, dinero y personas. Cuando el crimen organizado encuentra instituciones débiles, corrupción e impunidad, le basta con comprar partes de él.
De hecho, en Guatemala el debate sobre narcopolítica ha vuelto a cobrar fuerza precisamente mientras aumenta la cooperación de seguridad con Estados Unidos. Reportes recientes señalan que esa cooperación incluye inteligencia, tecnología y asistencia para combatir al narcotráfico, en un contexto marcado por antiguos señalamientos sobre infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y estatales.
Eso comienza por investigar el dinero ¿Quién financia campañas? ¿Quién compra terrenos y propiedades con capital cuyo origen nadie pregunta? ¿Quién aparece repentinamente como contratista del Estado? ¿Qué empresas reciben contratos millonarios? ¿Qué políticos mantienen relaciones inexplicables con estructuras criminales? ¿Quién protege a quién cuando llega una investigación?
La narcopolítica no siempre llega con armas, a veces llega con cheques, contratos, favores, nombramientos y votos. Por eso el caso Rocha Moya debería encender una alarma en Guatemala, no porque debamos asumir que nuestros políticos son narcotraficantes, sino exactamente por lo contrario, porque en una democracia nadie debería estar por encima de una investigación seria.
La peor respuesta sería convertir la lucha contra la narcopolítica en una guerra partidista. El narcotráfico no tiene ideología cuando compra poder, compra al que puede comprar. Guatemala necesita una regla sencilla, investigar al poderoso con la misma determinación con que se persigue al criminal de la calle.
Porque cuando el narco compra una autoridad, no solamente compra impunidad, compra una parte del Estado y cuando compra suficientes partes del Estado, deja de ser una amenaza externa, “Se convierte en gobierno”.
