La suspensión provisional de la obligación de instalar limitadores de velocidad en buses y transporte pesado abre un nuevo riesgo para la seguridad vial en Guatemala: un incremento de accidentes provocados por excesos de velocidad.
La Dirección General de Transportes (DGT) informó que, hasta el 5 de noviembre de 2026, 35,871 vehículos ya contaban con el dispositivo, de los cuales 4,531 eran unidades de transporte colectivo y 31,340 de carga.
Además, se habían impuesto 229 sanciones por incumplir la disposición.
El mecanismo establecía un límite máximo de 80 kilómetros por hora para estas unidades.
Sin este control tecnológico, la prevención dependerá en mayor medida de la responsabilidad de los pilotos y de la fiscalización de las autoridades. Esto elimina una barrera destinada a reducir los excesos de velocidad y sus consecuencias mortales.
