La aprobación del Decreto 26-2026, Ley de Ciberseguridad, genera cuestionamientos por la rapidez con que fue aprobada: en una sola noche, con 121 votos y 20 enmiendas leídas durante un receso. Sus críticos advierten que otorga amplias facultades a Gobernación y Defensa, permite interceptar comunicaciones y deja sanciones para un reglamento posterior. También cuestionan la falta de supervisión externa y las limitadas garantías de defensa para los ciudadanos. Su entrada en vigor, el 17 de diciembre, y la emisión del reglamento en vísperas de las elecciones de 2027 alimentan temores sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
¿Ley de ciberseguridad o un mecanismo de control para silenciar críticas al Gobierno en año electoral? analísis de Carlos Cordova

