El Congreso aprobó el 3 de noviembre, con 121 votos a favor y 10 en contra, el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, mediante un procedimiento de urgencia nacional.
La normativa, de 96 artículos, busca prevenir y sancionar delitos informáticos y crear instituciones especializadas.
Aunque la ciberseguridad es necesaria para proteger a ciudadanos, empresas e instituciones, expertos legales advierten que algunas disposiciones son ambiguas y podrían contravenir principios constitucionales.
La propuesta también contempla la creación de una fiscalía especializada en el Ministerio Público (MP) para investigar ciberdelitos.
La falta de claridad al definir conductas prohibidas podría facilitar procesos penales contra ciudadanos, críticos políticos, usuarios de redes sociales y periodistas por publicaciones o investigaciones legítimas.
