El Congreso de Guatemala analiza dos iniciativas para crear una Ley de Ciberseguridad, impulsadas tras varios ataques informáticos contra instituciones estatales. Ambas buscan prevenir y responder a ciberdelitos, proteger infraestructuras críticas, regular la evidencia digital y fortalecer la cooperación internacional.
La iniciativa 6347 propone un Consejo Nacional de Ciberseguridad, dirigido por el Presidente, una Dirección Nacional de Ciberseguridad y un centro de respuesta a incidentes. También contempla penas de hasta 20 años de prisión y mayor participación del MP, Inacif y PNC. La iniciativa 6771 plantea que el Ministerio de Gobernación sea el ente rector, crea un Sistema Nacional de Ciberseguridad y propone penas de hasta 12 años.
Expertos cuestionan ambas propuestas porque consideran que podrían otorgar demasiado poder al Estado y señalan que no priorizan una legislación específica para proteger los datos personales de los guatemaltecos.
