AUDIO-COLUMNA
Antes de tomar partido sobre la reforma judicial que hoy se discute en Guatemala, conviene entender con precisión qué se quita, qué se pone en su lugar, y qué resultado produce ese reemplazo si se aprueba sin los controles que todavía nadie ha mostrado en público.
El sistema que se quiere cambiar existe desde la Constitución de 1985 y se llama comisión de postulación. Su lógica original no era descabellada: crear un filtro técnico entre los aspirantes a magistrado y el Congreso, de modo que los legisladores eligieran de una nómina ya evaluada por mérito, no por cuota partidaria directa. Esa intención fue real. El resultado, cuatro décadas después, es otra cosa.
La grieta por donde entró la captura es específica y verificable: cada facultad de derecho tiene un voto dentro de la comisión, sin importar su tamaño ni su exigencia académica. Bastó con entender esa regla para explotarla: quien quiera controlar el resultado no necesita convencer a los mejores abogados del país, sino fundar facultades sin exigencia real, multiplicar votos y negociar con las bancadas que reciben la nómina ya filtrada. El Congreso elige de una lista que llegó orientada. No puede agregar un solo nombre por su cuenta.
Ese diagnóstico es correcto, está documentado, y lo comparten por igual los promotores de la reforma de 2016, los de 2026, y prácticamente cualquier analista institucional que haya estudiado el sistema de cerca. No es un punto en disputa y esta columna no pretende serlo.
Lo que sí está en disputa es el remedio.
En 2016, la Iniciativa 5179 propuso crear un Consejo Nacional de Justicia, un órgano permanente con facultades de gestión continua sobre la carrera judicial: ascensos, traslados, evaluación de desempeño y, según ciertas versiones del texto discutido, también disciplina. En 2026, Poder Ciudadano propone una arquitectura con el mismo principio rector: eliminar las comisiones de postulación, excluir al Congreso de la elección de magistrados de Salas de Apelaciones, y crear un nuevo órgano técnico permanente que gestione la carrera judicial de forma estable, no por convocatorias episódicas.
La permanencia tiene una ventaja real que sería deshonesto ignorar: un órgano estable puede planificar a largo plazo y profesionalizar la gestión judicial. Ningún sistema serio del mundo administra sus recursos humanos exclusivamente por comisiones que se forman desde cero cada vez que hay una vacante. Hasta ahí, el argumento de los promotores es sólido.
El problema aparece cuando se hacen las cuatro preguntas que el texto público todavía no responde. ¿Quién integra ese órgano y por cuánto tiempo? ¿Sus miembros pueden ser removidos antes de que termine su mandato, y por quién? ¿Administra solo la carrera judicial o también la disciplina de los mismos jueces que evalúa para ascenso? ¿Recibe un presupuesto fijo garantizado constitucionalmente, blindado frente a cualquier ajuste posterior del Congreso?
Cada una de esas preguntas sin respuesta no es un detalle técnico pendiente. Es una palanca de poder sin dueño declarado.
Conviene nombrar qué arquitectura resulta si esas cuatro preguntas quedan sin responder. En la teoría constitucional clásica existe un concepto preciso: legitimidad cruzada. Todo poder que no es electo directamente por el pueblo —y el Poder Judicial nunca lo es— deriva su legitimidad del vínculo con los poderes que sí lo son. Cuando ese vínculo se corta sin sustituirlo por otro mecanismo externo, lo que queda no es independencia en sentido republicano: es un poder que se reproduce a sí mismo, se evalúa a sí mismo y se disciplina a sí mismo.
Eso no produce un poder supremo en sentido constitucional estricto —siempre existirán la Constitución, la Corte de Constitucionalidad y el presupuesto como límites formales—. Produce algo más peligroso en la práctica: un poder con capacidad creciente de blindarse desde adentro, sin mecanismo externo efectivo que lo corrija cuando falla. La diferencia entre un poder fuerte y un poder insuficientemente contrapesado no es de grado, es de dirección: el primero responde ante alguien cuando se equivoca; el segundo acumula el error sin que nadie pueda detenerlo desde afuera.
Esta alerta no depende de quién esté detrás del diseño. Madison lo formuló hace dos siglos con claridad que no ha envejecido: si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno que los limitara. El argumento no es que los promotores actúen de mala fe —no hay evidencia de eso y esta columna no la va a inventar—. El argumento es que ninguna persona, sin importar cuán honesta sea hoy, debería recibir un poder que nadie más pueda revisar mañana.
La experiencia comparada confirma el riesgo con casos concretos, pero también muestra cuándo estos órganos funcionan. Alemania ofrece un contraste útil: combina participación judicial con mecanismos externos de legitimación parlamentaria, control presupuestario y revisión judicial de decisiones de carrera; el resultado no es autogobierno cerrado, sino estabilidad con contrapesos. El problema no es la permanencia del órgano. Es la permanencia sin límites. Colombia creó su Consejo Superior de la Judicatura en 1991 sin esos límites claros: tres décadas después, el órgano protagonizó el llamado carrusel de las pensiones —sus propios funcionarios usaron nombramientos temporales para inflar sus beneficios— y tuvo que ser reformado por corrupción interna. España diseñó su Consejo General del Poder Judicial como garantía de independencia postfranquista y terminó convertido en un mecanismo de cuotas entre partidos; cuando ese acuerdo se rompió, entre 2018 y 2024, el país sufrió años de bloqueo sin poder renovar su Tribunal Supremo. La diferencia entre Alemania y los otros dos no está en la existencia del órgano permanente. Está en si ese órgano tiene o no tiene a alguien mirando desde afuera.
Hay entonces una pregunta que esta columna deja formulada directamente a quienes impulsan la reforma, no como sospecha sino como prueba de diseño: si la intención real es independencia y no poder sin control, ¿por qué el texto que se entregará al Congreso no incluye desde ya la cláusula de ratificación calificada que permitiría a un órgano electo revisar los nombramientos del nuevo cuerpo, y la separación entre el órgano de carrera y el de disciplina que impediría que los jueces sean juzgados por sus propios pares?
No responder esa pregunta no prueba mala fe. Pero tampoco la descarta. Y mientras la respuesta no llegue con el mismo detalle técnico con que se promociona el diagnóstico, la duda seguirá siendo legítima.
El sistema de comisiones de postulación está capturado y debe cambiar. Eso ya está decidido en la conciencia pública y esta columna no lo discute. Lo que sí discute es que cambiar un poder capturado por un poder sin contrapesos no es una reforma. Es un reemplazo de problema.
La consulta popular de 2027 no es el momento para hacer esa pregunta. Ese momento es ahora, mientras el texto todavía se puede corregir.
