El régimen cubano intensifica la persecución contra ciudadanos que utilizan antenas Starlink para conectarse a Internet sin depender del monopolio estatal ETECSA.
Según denuncias recogidas por PanAm Post, las autoridades realizan operativos casa por casa para localizar estos dispositivos, incluso con drones, equipos de rastreo de señales e informantes de los Comités de Defensa de la Revolución.
Quienes sean descubiertos enfrentan multas de hasta 100 mil pesos cubanos (unos US$110), una cifra desproporcionada frente al salario mínimo mensual de US$3.40.
La represión también alcanza a vendedores: en Santa Clara varias personas recibieron condenas de cuatro a cinco años de prisión y fueron decomisadas 37 antenas. Incluso las embajadas tienen prohibido importar equipos autónomos de internet.
¿Es la seguridad nacional o el temor a perder el control de la información lo que lleva al Gobierno a perseguir incluso las conexiones privadas?

