La aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional en Nicaragua plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en ese país.
La iniciativa, promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, prohíbe la participación electoral de personas y grupos que el gobierno considere “golpistas” o “traidores a la patria”, categorías cuya interpretación ha sido cuestionada por opositores y organismos internacionales.
¿Se trata de una medida para proteger la soberanía nacional o de un mecanismo para eliminar la competencia política?
La reforma también amplía de seis a siete años los mandatos presidenciales y extiende los períodos de otros altos cargos del Estado, incluidos los jefes del Ejército y la Policía.
El proyecto aún debe ser ratificado en una segunda legislatura en 2027, pero ya ha provocado fuertes reacciones internacionales. Críticos advierten que podrían consolidar aún más el control del poder y reducir los espacios de participación política.
