Guatemala enfrenta una escalada de violencia contra políticos, policías y ciudadanos que genera profunda preocupación de cara a las elecciones generales de 2027. En menos de un mes, dos hechos han marcado la agenda nacional: el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre de 2026 en el Campo Marte de la capital, y el ataque armado en Río Hondo, Zacapa, donde murió el diputado de la UNE Julio César Portillo Paz junto con tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las cifras confirman el deterioro. Entre enero y septiembre de 2026, el país acumuló 2.336 homicidios, según el Observatorio de la Violencia de Fundacion Diálogos, con datos de la PNC. Ahora en 2026 se perfila como el año más violento de los últimos cuatro.
La situación recuerda los años ochenta y anteriores, una de las épocas más violentas de Guatemala, cuando dirigentes opositores, sindicalistas, universitarios y alcaldes eran perseguidos como “enemigos internos”. Entre abril de 2024 y septiembre de 2026, la PNC documentó 19 hechos violentos contra autoridades y aspirantes municipales. Además, el TSE identificó 101 municipios con riesgo de conflictividad electoral para 2027, 46 en nivel alto y 55 medio.
Los asesinatos de Foppa y Portillo, sumados a la muerte de tres policías, encienden las alarmas sobre unas elecciones que podrían convertirse en las más violentas de la historia reciente del país.
