Guatemala tiene menos de un mes para convencer a Estados Unidos de que sus cadenas de suministro están libres de trabajo forzoso. De lo contrario, las exportaciones nacionales podrían enfrentar nuevos aranceles que afectarían la competitividad de productos guatemaltecos en su principal mercado internacional.
La advertencia surge en medio de una revisión impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que evalúa las acciones adoptadas por 60 economías para impedir que mercancías producidas mediante trabajo forzoso ingresen al mercado estadounidense.
El tema va mucho más allá de una simple discusión comercial. Para Washington, el combate al trabajo forzoso se ha convertido en una prioridad estratégica vinculada a los derechos humanos, la seguridad de las cadenas globales de suministro y la lucha contra las formas modernas de esclavitud.
Si las autoridades estadounidenses consideran insuficientes los avances reportados, podrían aplicarse aranceles adicionales de hasta 10% a las exportaciones guatemaltecas. Para los países que no cuentan con acuerdos o mecanismos de cooperación similares, el gravamen podría alcanzar el 12.5%.
Más que una discusión sobre aranceles, lo que está en juego es la credibilidad internacional de Guatemala en materia de derechos laborales y el acceso preferencial de sus exportaciones al mercado más importante para la economía nacional.
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