Tras reducir drásticamente la violencia de las pandillas, El Salvador enfrenta crecientes desafíos económicos que preocupan a la población. El gobierno de Nayib Bukele aplicó medidas de ajuste como parte de un acuerdo con el FMI para obtener financiamiento por US$1,400 millones, lo que habría provocado el despido de unos 15,000 empleados públicos desde 2024, según estimaciones de economistas.
El país registra la deuda pública más alta de Centroamérica en relación con su PIB, cercana al 90%, mientras la inflación interanual alcanzó 2.76% y la canasta básica ronda los US$260 mensuales. Aunque la economía creció 3.9% en 2025, se proyecta una desaceleración a 2.9% en 2026 y similar a 2027.
Además, la inversión extranjera sumó apenas US$764 millones, la más baja de la región, pese al crecimiento de la construcción y el turismo impulsados por la mejora en la seguridad.
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