El régimen de Daniel Ortega formalizó el destierro de los 135 presos políticos y opositores que fueron trasladados por Estados Unidos a Guatemala.
A través de una nota, la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano informó sobre “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la Paz, Seguridad y el Orden Constitucional”.
En ese orden, la resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la Población y al País; con lo cual, se hace Justicia Efectiva, a las víctimas de estos delitos”.
Por último, la Sala Penal confirmó el “compromiso y deber jurídico constitucional” de “exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos” contra la población; y, en ese sentido, “la decisión de mérito constituye un paso más, en dirección al legado de Paz, Solidaridad, Dignidad, Justicia, Verdad y Convivencia pacífica, que demanda nuestro Pueblo”, concluyó.
