Usuarios y empresarios han denunciado retrasos prolongados y cobros cuestionados en el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), señalando problemas de eficiencia que afectan la inscripción de marcas, patentes y otros derechos.
Las quejas apuntan a trámites lentos, acumulación de expedientes y procesos administrativos que incrementan costos y retrasan la protección legal de activos comerciales.
La situación preocupa al sector productivo, ya que la propiedad intelectual es clave para atraer inversiones.
Los señalamientos reavivan el debate sobre la necesidad de modernizar y digitalizar el RPI para reducir la burocracia, agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la atención a quienes buscan proteger sus marcas y creaciones.
