La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo fue respaldada por sectores empresariales, financieros y autoridades económicas de Guatemala.
La normativa, aprobada con 147 votos, sustituye una legislación de más de 25 años y unifica las medidas para combatir ambos delitos.
El CACIF destacó que fortalecerá la confianza de inversionistas y organismos internacionales.
AGEXPORT señaló que la ley mejora la competitividad del país y su reputación ante mercados globales.
La Superintendencia de Bancos resaltó la modernización del marco regulatorio, mientras que la Cámara del Agro afirmó que favorecerá la inversión y el desarrollo económico.
La actualización también busca preparar al país para la evaluación del Gafilat en 2027 y evitar riesgos para su sistema financiero y comercial.
