La directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Claudia Peláez, denunció ante el Congreso que algunos alcaldes bloquean proyectos energéticos mediante decisiones políticas y la exigencia de pagos ilegales, aun cuando las empresas han cumplido con todos los requisitos técnicos, ambientales y legales.
Según la funcionaria, varias licencias municipales han sido revocadas arbitrariamente, generando incertidumbre jurídica y demandas internacionales contra Guatemala por más de US$400 millones.
Peláez señaló que una “autonomía municipal mal entendida” permite que proyectos estratégicos queden sujetos a la voluntad de autoridades locales.
La falta de fiscalización efectiva ha provocado que algunas municipalidades vean la inversión privada, especialmente en infraestructura y energía, como un botín político o económico, frenando el desarrollo, el empleo y la competitividad del país.
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