China ha iniciado una ofensiva fiscal global para obligar a sus ciudadanos más ricos a pagar impuestos sobre fortunas e inversiones mantenidas fuera del país.
Impulsada por el presidente Xi Jinping, la medida busca incrementar la recaudación estatal y reforzar la política de “prosperidad común”, orientada a reducir la desigualdad económica.
A partir de octubre, las autoridades intensificarán el control sobre fideicomisos, dividendos, intereses y otros ingresos obtenidos en el extranjero, revisando incluso activos y ganancias acumuladas durante años.
La campaña afecta especialmente a millonarios con recursos en centros financieros como Hong Kong, Singapur y otras jurisdicciones usadas para resguardar patrimonio.
La iniciativa surge en medio de presiones fiscales derivadas de la desaceleración económica y la crisis inmobiliaria.
Empresarios e inversionistas, buscan reorganizar sus activos o trasladar parte de su riqueza a otros países.
