La suspensión provisional del Acuerdo Ministerial 145-2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha reavivado el debate sobre la seguridad jurídica de las inversiones en Guatemala. El acuerdo pretendía desarrollar una consulta relacionada con la hidroeléctrica Palo Viejo, un proyecto que opera legalmente desde 2012.
Diversos sectores consideran que aplicar una consulta a proyectos ya autorizados y en funcionamiento crea un precedente que afecta la confianza de los inversionistas, especialmente en los sectores hidroeléctrico, minero e infraestructura. Según esta postura, la medida tendría efectos retroactivos al imponer nuevos requisitos a proyectos que cumplieron con la normativa vigente al momento de su aprobación.
Además, se argumenta que el acuerdo podría apartarse del marco establecido por el Convenio 169 de la OIT. Empresarios advierten que la incertidumbre jurídica podría frenar nuevas inversiones, afectar la generación de empleo y elevar el riesgo país.
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