La decisión del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, de restringir el acceso al estado de La Guaira tras el doble terremoto que devastó la región continúa generando controversia.
Aunque el Gobierno asegura que la medida busca facilitar las operaciones de rescate y garantizar la seguridad, rescatistas, voluntarios y familiares de las víctimas sostienen que las restricciones han dificultado el ingreso de ayuda a las zonas más afectadas.
En redes sociales se han difundido videos donde brigadas de rescate denuncian obstáculos para acceder a las comunidades devastadas.
También se afirma que equipos internacionales, incluidos rescatistas de Estados Unidos y Jordania, enfrentaron dificultades para ingresar y colaborar en las labores de búsqueda.
La periodista Maryory Méndez denunció además presuntos cobros para permitir el ingreso de víveres destinados a los damnificados.
Numerosos videos del terremoto muestran el colapso de edificios en Venezuela, reabriendo el debate sobre la calidad de las construcciones. Ingenieros estructurales advierten que muchas edificaciones antiguas no cumplen las normas sismorresistentes, e incluso algunas construcciones no tienen vigas estructurales adecuadas y solo tienen repello
Asimismo, en redes sociales circulan versiones que atribuyen el cierre de La Guaira a un supuesto intento de impedir que periodistas documenten presuntas actividades de narcotráfico u otras irregularidades en la costa venezolana.
Mientras tanto, el balance oficial reporta 1,719 fallecidos, más de 5,000 heridos y cientos de desaparecidos, mientras familiares insisten en que cada hora es determinante para hallar sobrevivientes entre los escombros.
