El veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 23-2026 abre el debate sobre la protección de los derechos de las personas sindicadas y el uso de la prisión preventiva en Guatemala. Las reformas buscaban garantizar una audiencia de primera declaración en un máximo de 24 horas, impedir el ingreso a prisión sin audiencia previa y reforzar el carácter excepcional de esta medida.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el veto puede interpretarse como un retroceso en el avance de garantías procesales para quienes enfrentan acusaciones penales, pues mantiene pendiente la aplicación de cambios orientados a evitar restricciones anticipadas de la libertad.
El veto abre el debate sobre la protección de los derechos de las personas sindicadas, pues mantiene pendiente la aplicación de garantías procesales orientadas a evitar restricciones anticipadas de libertad.
