Guatemala sigue sin una Ley de Aguas integral, a pesar de que la Constitución reconoce el agua como bien de dominio público. Esta ausencia ha provocado un vacío legal que favorece el desorden y el uso arbitrario de un recurso vital.
a propuesta de Ley de Aguas 2025 busca corregir esto con un marco jurídico unificado, una autoridad rectora especializada y mecanismos claros para regular el uso, conservación y distribución del agua. Entre sus metas está ordenar el consumo productivo, incluyendo el sector hidroeléctrico, que llegó a representar el 53.93% de la matriz energética en 2020.
Sin embargo, hay tensiones. CODECA, señalado por robo de electricidad y bloqueos, se opone a la ley y podría influir negativamente en su contenido. También persisten obstáculos como la debilidad institucional en municipalidades y la presión de intereses privatizadores.
Aprobar esta ley no es un lujo: es un acto de responsabilidad con el futuro hídrico del país. El tiempo para improvisar se acabó.
