El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, que busca prevenir y sancionar delitos informáticos en Guatemala. La normativa crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad y la Dirección Nacional de Ciberseguridad, cuyos titulares son nombrados por el presidente, lo que genera riesgo de sesgo político.
Tipifica delitos como usurpación de identidad, interceptación ilícita y ataques a sistemas, con penas de hasta ocho años de prisión. También obliga a reportar incidentes y coordina instituciones, lo que podría facilitar vigilancia sin suficientes controles.
El legislador Ronald Portillo y sectores críticos advierten que la ley no garantiza el respeto a los derechos constitucionales. Carece de salvaguardas claras para la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso, abriendo la puerta a posibles abusos y persecución selectiva que amenazan las garantías individuales.

