La ampliación del puente Corozal, ubicada en el kilómetro 29 de la ruta al Atlántico en El Progreso, forma parte del contrato 127-2022 impulsado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. El proyecto inició en 2022 con el objetivo de mejorar la conectividad vial; sin embargo, quedó detenido tras el cambio de administración en 2024 con la llegada de Bernardo Arévalo.
Originalmente, el puente estaba contemplado con una longitud de 200 metros, pero el diseño actual se redujo a 180 metros. La estructura, conocida como puente curvo de Agua Caliente, es considerada una obra de ingeniería relevante y se ubica en un punto estratégico entre varios municipios.
En 2025, el gobierno actual reactivó el proyecto, lo que ha generado críticas y cuestionamientos políticos. Sectores señalan que Arévalo estaría “saludando con sombrero ajeno”, al adjudicarse avances de una obra iniciada por la administración anterior. Este señalamiento también surgió en 2025 con el Puente Mártires de Chixoy, cuya ejecución correspondía mayoritariamente al gobierno previo.
El caso del puente Corozal refleja el debate sobre la continuidad de proyectos públicos y el uso político de obras de infraestructura en Guatemala, por ser un año prelectoral.
