La iniciativa 6593, conocida como ley antilavado, representa un avance clave para modernizar el marco legal de Guatemala, según la Superintendencia de Bancos. Surge ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y busca alinearse con estándares internacionales.
Entre los cambios principales se incluye la regulación de Personas Expuestas Políticamente, nuevos sujetos obligados —como profesionales universitarios y proveedores de activos virtuales— y mayores controles. También se integra una reforma al Código de Comercio que obliga a las empresas a llevar un registro detallado de accionistas y del movimiento de acciones. Aunque este registro ya existe, no es público ni se inscribe en el Registro Mercantil.
La propuesta ha generado preocupación en sectores empresariales por posibles riesgos de seguridad. El artículo 112 amplía el control, exigiendo datos específicos de accionistas individuales y jurídicos.
Además, los profesionales deberán reportar actividades inusuales y conservar registros. La ley reduciría plazos de implementación y fortalecería la transparencia y cooperación internacional.
