La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales impulsados por Donald Trump, en un fallo dividido de 6 votos a 3 que representa un revés clave para su política económica. La decisión se centró en los llamados aranceles “recíprocos” aplicados a numerosos países bajo una ley de poderes de emergencia.
El tribunal determinó que la Constitución otorga al Congreso, y no al Poder Ejecutivo, la facultad de imponer impuestos y aranceles. El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que los redactores de la Constitución no delegaron este poder al presidente. En contraste, los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon, argumentando que la medida podía considerarse legal según precedentes.
La administración Trump había justificado los aranceles bajo una ley de 1977 que permite acciones económicas en situaciones de emergencia nacional, una interpretación cuestionada por diversos sectores. Demandas presentadas por estados, empresas y organizaciones argumentaron que dicha legislación no contempla la imposición de aranceles.
El impacto económico de estas medidas era significativo: se estimaba en 3 billones de dólares en la próxima década, mientras que el gobierno había recaudado más de 133.000 millones de dólares en impuestos a las importaciones.
Aunque el fallo limita el uso de esta vía legal, no impide que el gobierno imponga aranceles bajo otras normativas, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas medidas comerciales en el futuro.
