Donald Trump presentó una demanda contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, en un tribunal de Florida, solicitando 5.000 millones de dólares por supuestamente haberlo excluido del banco por motivos políticos tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La demanda sostiene que el cierre de sus cuentas y las de sus empresas no respondió a riesgos comerciales, sino a presiones políticas, lo que provocó pérdidas económicas y lo incluyó en una “lista negra” que dificultó su relación con otros bancos. Trump acusa al banco de tener un historial de excluir a clientes con creencias políticas conservadoras y de “debanking” a individuos como él.
JPMorgan Chase rechazó las acusaciones, argumentando que la decisión fue una medida de gestión de riesgos, aplicada también a otros clientes tras 2021, y que no se cierran cuentas por razones políticas o religiosas. La vocera del banco enfatizó que la acción se debió a riesgos legales y regulatorios, y que la demanda carece de fundamento.
El caso plantea la cuestión legal de si hubo discriminación política demostrable o si el banco actuó dentro de su derecho de proteger su reputación y estabilidad financiera. De resolverse a favor de Trump, podría sentar un precedente sobre la relación entre bancos y actores políticos, limitando la libertad de gestión de riesgos de las instituciones financieras.
