La Unidad Nacional de Atención a Enfermos Renales Crónicos (UNAERC) enfrenta una crisis sistémica que pone en riesgo la vida de miles de guatemaltecos.
Entre 2024 y 2025, los casos de enfermedad renal crónica aumentaron un 50%, con una prevalencia de 96 por cada 100 mil habitantes, concentrada en Santa Rosa, San Marcos, Jutiapa, Petén y Jalapa. Sin embargo, la institución sufrió un recorte presupuestario de Q100 millones para 2025.
En 2025, UNAERC atendía 7,669 pacientes (4,573 en hemodiálisis y 3,096 en diálisis peritoneal) en ocho sedes, pero recibió 3,500 casos nuevos solo en 2024. La falta de insumos ha sido recurrente: en febrero 2025 se suspendieron servicios, y reportes previos documentan pacientes sin medicamentos por tres meses, forzados a gastar Q500 semanales de su bolsillo.
Esta brecha entre la epidemia creciente y los recursos recortados ha creado una emergencia sanitaria. La tasa de “pacientes inhabilitados” por no presentarse a tratamiento aumenta, mientras las mafias administrativas históricas han despedido personal técnico para consolidar el control institucional. El resultado es un colapso en la atención de una enfermedad que requiere tratamiento constante para sobrevivir.
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