En Guatemala, la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana y la estabilidad económica del país. Este delito afecta por igual a pequeños comerciantes, transportistas y grandes empresas,
Las cifras muestran la gravedad del problema: en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por extorsión, y solo en los primeros ocho meses de 2025 ya se contabilizaban 18.000 casos, proyectando una tasa récord de 151 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. La violencia vinculada a las pandillas, principalmente el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), ha incrementado la percepción de inseguridad. Estas organizaciones criminales ejercen un control territorial férreo, regulan la vida cotidiana en barrios como la Zona 18 de Ciudad de Guatemala y sostienen una economía paralela basada en el cobro de extorsiones.
